El PSOE recuerda que el proceso comenzó en 1980, estando de alcalde José Antonio Llanas y que el asunto se ha tratado hasta en seis reuniones del Consistorio
Aseguran que no se trata de una indemnización sino de un justiprecio por una expropiación por la que el Ayuntamiento adquiere 60.000 metros cuadrados de terreno
El Grupo Municipal Socialista asegura que la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, olvida una parte de la verdad en el caso del Polígono 32 ya que, según recuerda, el proceso comenzó en 1980, siendo el alcalde José Antonio Llanas; además señala que se trata de un tema conocido por todos los grupos políticos desde el inicio, ya que se ha abordado hasta en seis reuniones del Consistorio entre Comisiones, plenos y Juntas de Gobierno.
Prueba de ello es que en la última reunión de la Junta de Gobierno Local del 1 de febrero de 2008, en el punto 5.2, se dio cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso Administrativo, del recurso de casación interpuesto por Dª Pilar Domingo Arizon, sobre el justiprecio de 4 fincas urbanas en el polígono 32 de Huesca. Cabe señalar que en la Junta de Gobierno estaba representado el Partido Popular.
Sobre el periodo de liquidación de intereses legales de esta operación, los socialistas recuerdan que el inicio se produjo el 30 de marzo de 1998, con un alcalde del Partido Popular.
Por ello, los socialistas en el Ayuntamiento rechazan las acusaciones vertidas por la alcaldesa Ana Alós hacia ellos sobre la prolongación del expediente. Además, el Grupo Socialista señala que los 4,3 millones que el Ayuntamiento debe aportar no corresponden a ninguna indemnización, sino que son el justiprecio que se debe pagar por la adquisición de unos terrenos de 60.000 metros cuadrados.
El Grupo Municipal recuerda que el Consistorio oscense, dado el buen estado de sus arcas, está capacitado para hacer frente a dichos importes, con el correspondiente calendario de pago fraccionado.
El PSOE lamenta, además el afán descalificador de la regidora municipal hacia los socialistas, ya que se trata de un asunto que se inició hace 16 años y que, por lo tanto, ha sido tratado por gobiernos de distinto color político.
Para aclarar toda la verdad de este proceso, cabe recordar:
1980.- Aprobación por el Ayuntamiento de Huesca del PGOU.
1996.- La propiedad solicita que el Ayuntamiento le expropie los terrenos. El Ayuntamiento tiene dos años para contestarles. No se les contesta.
Pasados los dos años la propiedad presenta Hoja de Aprecio (su valoración) y piden 960 millones de pesetas como valor de expropiación.
1997.- El Ayuntamiento se pronuncia valorando la expropiación en 32 millones de pesetas.
30.03.1998.- La propiedad va al Jurado Provincial de Expropiación, quien fija la valoración de expropiación en 80 millones de pesetas.
1998.- Como la propiedad no está de acuerdo con la sentencia del Jurado Provincial de Expropiación, recurren al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
2003.- Sentencia del TSJA en la que dice que la valoración de los terrenos debe ser de 2.640.794,69 euros.
2003.- El Ayuntamiento y los propietarios, como no están de acuerdo en la sentencia del TSJA, recurren ante el Supremo.
17.12.2007.- Sentencia del Supremo a los dos recursos (Ayuntamiento y propietarios) admitiendo la valoración municipal sobre el valor de los terrenos.
27.12.2011.- Auto de ejecución de sentencia condenando al Ayuntamiento a pagar el importe y los intereses por valor de 4.298.942,3 euros.