El actual sistema de salud publica está sustentado en la solidaridad entre la sociedad, basada en que no existe discriminación por el hecho de padecer una enfermedad.
En España desapareció el concepto de Beneficencia, en lo que asistencia sanitaria se refiere, con la Constitución, porque ésta determina que la asistencia sanitaria es un derecho de todos los españoles y debe de ser la Administración la que debe ser el Asegurador de ese derecho.
La asistencia sanitaria publica se financia a través de los impuestos (IVA, IRPF, impuestos especiales), y se provee a través de las Comunidades Autónomas. En todos los estudios de sistemas sanitarios se reconoce nuestra organización sanitaria muy equitativa (accesibilidad, no discriminación), y eficiente porque nuestro gasto sanitario está 2 puntos por debajo que la media de la OCDE.
En la actualidad se está cuestionando la viabilidad del modelo, y parece evidente que tenemos que llegar al acuerdo de qué cosas se deben cubrir desde lo publico y cuales no, porque los recursos son limitados y las demandas infinitas. Pero, existe una cuestión que es claramente inconstitucional: Negar el derecho a la asistencia sanitaria publica a algún ciudadano argumentando la condición de “asegurado en función del trabajo”. Incluso retomar el concepto de “asegurado” ya resulta, en asistencia sanitaria publica, discriminatorio, en relación al precepto constitucional de derecho a la protección de la salud.
Todos contribuimos a la financiación de la salud a través de los impuestos, la asistencia sanitaria publica no es patrimonio de unos “cotizantes o asegurados”, sino de todos los ciudadanos. Es un derecho universal , financiado por todos, donde aporta más quien más tiene; y se beneficia quien más lo necesita en razón de su enfermedad. Por tanto es un retroceso grave no garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos.
El Partido Popular está tomando medidas de discriminación de la accesibilidad a ciudadanos que, a su vez pagan sus impuestos de los que se financia la asistencia sanitaria; es como si no dejáramos ir por una carretera pública a según que personas. Lo más grave es que se margina de la asistencia sanitaria a las capas sociales más desprotegidas, que a su vez son las que más problemas de salud presentan. Es el mundo al revés, en vez de ser solidarios, el PP pretende que la sociedad castigue a los más necesitados. La pregunta es : ¿a quien beneficia esta política?, la respuesta es fácil: A nadie. Porque la consecuencia es mas pobreza, mas marginación y mas desarraigo social.
El ahorro en la asistencia no viene de negar la asistencia a un colectivo , sino de racionalizar las prestaciones, aplicar criterios de gestión, y apretarnos todos el cinturón, pero no los que más lo necesitan.
Adolfo Cajal Marzal.
Artículo publicado en El País, miércoles 2 de mayo 2012.