El Gobierno de la Nación, en Consejo de Ministros celebrando el 17 de mayo de 2013 aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en base a la modificación del articulado de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE).
El articulo 23 de la Constitución Española proclama el derecho de participación en los asuntos públicos, siendo la educación uno de los pilares esenciales de las políticas públicas. El artículo 27 de la misma considera la Educación como un derecho fundamental, “que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Asimismo, dicho articulo, establece que “los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con la participación efectiva de todos los sectores afectados.”
El proceso de participación en la elaboración de dicho proyecto de ley ha consistido, exclusivamente, en al presentación de un anteproyecto de ley a la Conferencia Sectorial de Educación, al Consejo Escolar del Estado y su exposición en al pagina web del Ministerio de Educación y Cultura. En este sentido, este proceso ha carecido de la presentación previa de los principios, objetivos y líneas generales de la pretendida ley, para su debate por parte de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa y Agentes Sociales y, posterior, presentación de aportaciones, vulnerando así los principios constitucionales a los que anteriormente se ha hecho referencia.
El Dictamen del Consejo de Estado por otra parte, pone en cuestión aspectos esenciales del proyecto de Ley Orgánica de Medidas para la Calidad de la Educación, relacionados con la participación, autonomía de los centros, currículo, educación en valores, equidad del sistema, educación de los alumnos y financiación, entre otros. Ya en la exposición de motivos del citado proyecto de ley se establece como único principio inspirador del sistema educativo, que la Educación “sea el motor de desarrollo del país desde el punto de vista económico, para la mejora de la competitividad y del crecimiento”, es decir, un modelo educativo dirigido exclusivamente a la producción y al crecimiento económico; como única justificación.
En definitiva, la LOMCE contempla un modelo educativo que supone un atraso de más de 30 años.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
- La retirada inmediata de este proyecto de Ley y que se paralice su tramitación en las Cortes Generales.
- Que se inicie un proceso de participación real para alcanzar un PACTO POLITICO Y SOCIAL por la EDUCACIÓN.
- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España y dar traslado a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y de las Cortes de Aragón.